Fuente: www.diagonalperiodico.net
Por Sarah Babiker / Madrid
El agotamiento de las aguas de la UE ha llevado a la pesca industrial a las costas africanas. Allí, la ausencia de estructuras estatales, como en Somalia, o la escasez de capital local, abren grandes oportunidades de negocio.
Serigne tiene 34 años y vive en Madrid. Llegó en 2006 a Canarias desde Saint-Luis, tras diez días de viaje en cayuco, una embarcación que usaba en su trabajo de pescador en Kayar, un pueblo costero de Senegal. "Esta profesión la tengo en la sangre", afirma Serigne. Como otros 600.000 senegaleses, Serigne vivía directamente del pescado. Lo hizo durante diez años. Hasta que tuvo que emigrar.
Y como él, muchos otros. El padre Jerôme, un sacerdote nigeriano que lleva desde 2003 al frente de la misión católica de Nuadibú, en la costa mauritana, lleva el único registro de inmigrantes que eligen el camino del Norte: "El hecho es que la mayoría de los senegaleses aquí son pescadores, podría decir el 80% de ellos".
Serigne recuerda con claridad el proceso: "Cuando estudiaba ya se notaba que cada año disminuía la cantidad de pescado, lo noté más cuando empecé a pescar, porque cada año había menos pescados. Notábamos que cada día pescábamos peces más jóvenes y más pequeños".
Los acuerdos de pesca bilaterales con la Unión Europea entre 1979 y 2006 tienen mucho que ver. Entre 1994 y 2005 el peso de las capturas en aguas senegalesas cayó de 95.000 a 45.000 toneladas, mientras que el número de embarcaciones pertenecientes a ciudadanos senegaleses descendió drásticamente al no poder competir con los enormes pesqueros europeos, según detalla el informe Selfish Europe, de Action Aid.
La devaluación de la moneda senegalesa profundizó la orientación de la pesca hacia el mercado exterior, descuidando el consumo local. Así lo corroboraba el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) en 2002, cuando anunciaba que la seguridad alimentaria local y los puestos de trabajo estaban siendo amenazados por la escasez del pescado capturado localmente.
El último acuerdo con Senegal cubrió cuatro años entre julio de 2002 y junio de 2006. El coste total del presupuesto europeo era de 64 millones de euros, el 19% destinado a medidas de apoyo, como seguimiento de recursos, inspección o seguridad. A cambio, 125 barcos consiguieron acceso a las aguas senegalesas, sin límites de captura y en competencia directa con la pesca artesanal.
“Los gobiernos son culpables de todo esto, antes vivíamos muy bien, cada familia tenía uno o dos barcos artesanales y cogían lo suficiente para sobrevivir, pero con los acuerdos con los países europeos y Japón había más presencia de grandes buques pesqueros y arrastraban todo, porque son más modernos, tienen más capacidad y pueden congelar al mismo tiempo”, afirma Serigne.
En 2006 Senegal se negó a renovar los acuerdos bilaterales. Sin embargo, según denuncia Action Aid, los pesqueros europeos han encontrado en la ’senegalización’ de sus barcos, la compra y acumulación de cotas de pesca senegalesas, el trasbordo de capturas, o las joint ventures para la transformación del pescado, el modo de esquivar los esfuerzos del Gobierno para regular el acceso y el control de los recursos marinos.
"Ya es muy tarde", protesta Serigne, "en Kayar hay menos pescadores que hace diez años, porque muchos han probado el camino de las pateras. Uno se va con sus hermanos y no captura suficiente para la familia y hay que intentar algo; es lo que explica las pateras".
Acuerdos bilaterales
Segúnla Convención del Mar de 1982, las zonas económicas exclusivas comprenderán un máximo de 200 millas desde la línea de costa de un país. Entre otras cosas, el Estado tiene derecho de pesca sobre este espacio. Sin embargo, la misma convención establece que cualquier país debe poner a disposición de flotas extranjeras el pescado que no alcance a pescar, siempre y cuando no se sobrepase el máximo de explotación sostenible.
Según
De hecho, los acuerdos llevan años en el centro de la polémica. En 2003, un informe del Instituto Europeo de Política Ambiental analizaba los pactos firmados con Senegal, Angola, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe. Entre las conclusiones, criticaba la arbitrariedad en las cantidades pagadas por la UE , que variaban de 11.111 euros por buque comunitario en Santo Tomé a los 346.774 euros en Mauritania. También criticaba el desajuste entre la cantidad pagada y el beneficio potencial de las capturas: en el caso de Santo Tomé y Príncipe "para los atuneros, el valor de la captura puede ser 40 veces mayor que las tasas de acceso". El informe también señalaba el problema de la ausencia de límites de captura en Senegal y Mauritania.
Seis años después, los acuerdos de pesca de Santo Tomé y Mauritania han sido renovados. Sin embargo, Angola y Senegal se negaron en su momento a poner de nuevo sus aguas territoriales a disposición de las flotas comunitarias. En 2005 Angola no llegó a un acuerdo, tras exigir una mayor soberanía sobre las capturas. El caso de Senegal, por su parte, ilustra los efectos adversos de una asociación en desigualdad de condiciones.
Pesca ilegal
No sólo los pescadores que perdieron su trabajo transitan hacia las Islas Canarias, también lo hace gran parte del pescado proveniente de África Occidental hacia Europa. Según denuncian Enviromental Justice Foundation y Greenpeace, gran parte del pescado que llega a las islas también es "clandestino". El puerto de las Palmas de Gran Canaria tiene estatus de zona franca económica, algo que implica regulaciones aduaneras favorables y pocos controles: en 2006 había cinco inspectores de puerto para controlar la procedencia de 360.000 toneladas de pescado que pasan al año por su puerto. El abuso de las compañías pesqueras de este estatus ha dado como resultado que Las Palmas sea considerado el más importante puerto de conveniencia de Europa para las actividades de pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR).
No sólo los pescadores que perdieron su trabajo transitan hacia las Islas Canarias, también lo hace gran parte del pescado proveniente de África Occidental hacia Europa. Según denuncian Enviromental Justice Foundation y Greenpeace, gran parte del pescado que llega a las islas también es "clandestino". El puerto de las Palmas de Gran Canaria tiene estatus de zona franca económica, algo que implica regulaciones aduaneras favorables y pocos controles: en 2006 había cinco inspectores de puerto para controlar la procedencia de 360.000 toneladas de pescado que pasan al año por su puerto. El abuso de las compañías pesqueras de este estatus ha dado como resultado que Las Palmas sea considerado el más importante puerto de conveniencia de Europa para las actividades de pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR).
"La pesca [ilegal] está reconocida internacionalmente como una de las mayores amenazas, especialmente para caladeros que padezcan sobrepesca. Hay varias iniciativas para combatirla. Ya en el año 2000 la FAO adoptó un ’Plan internacional’ (…) y recientemente, en 2009, las naciones han acordado un compromiso legal para adoptar medidas contra la pesca ilegal en sus puertos", afirman desde la ONG Oceana. Las organizaciones señalan un escollo a la hora de luchar contra estas prácticas: la existencia de banderas de conveniencia, pabellones que los armadores adquieren con el fin de agilizar burocracias, evadir impuestos y esquivar regulaciones. Se calcula que hay unos 40 Estados –a la cabeza de los cuales se encuentran Honduras, Panamá y Camboya– con registros abiertos, donde uno puede inscribir su embarcación cómodamente. 59 pesqueros españoles aparecen registrados con banderas de conveniencia en 2009.
Descontrol, igual a negocio
Tal vez por ello, tal como denuncia la Coordinadora Verde , España se opuso, cuando hace algunos años hubo un intento internacional de adoptar medidas contra esta práctica. Según el derecho del mar, el país cuya bandera ondea en las embarcaciones es el que tiene que velar por el respeto a la legalidad de sus barcos. Normalmente, estos países no están en condiciones de ejercer este control.
Por ello, con una bandera de conveniencia resulta fácil dedicarse a la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada. El negocio es lucrativo: las naciones pierden por esta actividad entre 10.000 y 23.500 millones de dólares al año, que representan entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado. Se calcula que la pesca ilegal les cuesta mil millones de dólares anuales a los países africanos. La propia Comisión Europea estima en un informe emitido en 2007 que más del 50% del total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea Conakry son practicadas de manera ilegal, según afirma la Coordinadora Verde. "Hacen de todo en África y sin control, porque saben que no tienen medios para controlar la pesca. Tienen la circulación libre, se llevan todo el pescado, dejando el continente muerto", concluye Serigne, ex pescador senegalés, ahora inmigrante en Madrid.
ESQUILMADAS LAS AGUAS DE LA UE , A POR LOS MARES AFRICANOS
Un estudio de 2006 revelaba que el 76% de las especies estaban agotadas, totalmente explotadas o sobreexplotadas. En concreto, las dos terceras partes de las aguas de la Unión Europea han sido ya esquilmadas.
Lejos de adaptar sus flotas a los recursos, la UE ha dedicado ingentes fondos a subsidiar la construcción de imponentes barcos como el Alakrana, dedicados a la pesca industrial (este buque recibió 4.272.960 de euros para su construcción). Estos barcos, tan necesitados de subvenciones, que la UE proporcionó hasta 2004, tienen otro defecto económico: para ser rentables necesitan un gran volumen de captura. Disponen de medios para llevarla a cabo: radares que detectan los bancos de peces, inmensas redes, cámaras frigoríficas donde almacenar toneladas de pescado... Lo que escasean son los caladeros donde desplegar su potencial. Por eso acuden al Índico. Como se pesca a lo grande, se capturan presas no deseadas. Según denuncia Greenpeace Internacional, al menos un cuarto de todas las criaturas marinas capturadas son arrojados de vuelta al mar, muertos. Ballenas, delfines, albatros, tortugas, que en la industria reciben el nombre de capturas accesorias.
Lejos de elegir un camino de pesca sostenible, la ecuación del incremento del consumo, la escasez de pescado y el exceso de flota se ha solucionado arrendando espacios marítimos de terceros países. Estos ‘alquileres’ de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) son llamados Acuerdos Bilaterales de Pesca. La Unión Europea afirma que su objetivo es “fomentar la pesca responsable y sostenible en aguas de países no pertenecientes a la UE y ofrecer a la flota europea acceso sólo a los recursos pesqueros allí excedentarios”. De fondo, el gran incremento del consumo. Según la FAO , el consumo de pescado por persona ha aumentado de una media de casi diez kilos en los años ’60 hasta los casi 16,5 kilos de 2005. Y, como todos los crecimientos, éste es dispar: en 2005 los africanos consumían nueve kilos anuales de media, frente a los 22 de la UE. En 1950 las capturas marítimas ascendían a 17 millones de toneladas; en 2007 ya eran más de 91 millones. En Europa se duplicó la captura de menos de seis millones de toneladas a más de 13,5 actualmente. En África en el mismo periodo se ha multiplicado por seis, pasando de poco más de un millón de toneladas de pescado capturado a unos siete millones. Y los datos de la FAO se quedan cortos, pues sólo atañen a la pesca declarada. Sin embargo, los Estados africanos no han multiplicado su capacidad de captura. Se estima que la flota mundial excede dos veces y media lo que realmente se puede pescar, que es cada vez menos.
Acuerdos
Caladeros
"(...) Aunque la captura de pulpo cayó de 35.000 toneladas en 1992 a sólo 20.000 en 1997, cuando en 1999 la UE negoció un nuevo acuerdo de pesca, exigió a Senegal que autorizara un aumento del 60% de las capturas", afirma el biólogo Alex Aguilar en el estudio Sobre pesca y migración en el África Subsahariana.
Intervención
El 17 de noviembre la UE decidía prolongar un año más la operación Atalanta, con el despliegue de una veintena de barcos y 1.800 soldados. El Gobierno participa en Atalanta con un contingente de 250 militares a bordo de la Fragata Canarias , y en diciembre incorporará efectivos a la misión FINUL de Naciones Unidas en Líbano.
LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS PESQUERAS
Rianxeira en el Sáhara
"En Marruecos [en los territorios ocupados del Sáhara Occidental], por ejemplo, además de fabricar latas de sardinas, hacemos harina de pescado, extraemos Omega 3 del aceite de pescado", explicaba en 2008 el propio Jesús Alonso Fernández, presidente de Jealsa Rianxeira. Hoy su web no refleja su presencia en los territorios de la ex colonia española y no responden a las exigencias de WSRW. Eso sí, Bureau Veritas certificaba el 19 de noviembre el centro de Jialsa: “Societé Damsa (Laayoune, Marruecos)” de acuerdo a la norma ISO 14001:2004 de gestión ambiental.
¿Lo bueno sabe bien?
Además de pescar en caladeros de todo el continente, Pescanova tiene factorías propias en Namibia, Sudáfrica y Mozambique. Su estrategia se basa en establecer empresas mixtas en estos países con regulaciones ambientales, fiscales y laborales muy endebles, según Alberto Santos, de Alternmundo.org, Además del apoyo del Gobierno namibio, su gran socio en el país, ha contado con el apoyo de investigaciones públicas españoles para saber la situación de estos caladeros. En Mozambique ha conseguido en junio 250.000ha de agua dulce para cultivar panga.
De Bermeo al mundo
"Somos bucaneros en nuestra forma de ser", afirmaba Juan Corrales en 2006 cuando se estrenaba en su cargo de consejero delegado de Garavilla, mucho más conocido por su marca comercial de Atún Isabel. Sus caladeros se centran en Argelia, Túnez, Egipto y cuenta con una planta en Agadir (Marruecos), aunque la sede se encuentra en una de los principales nodos comerciales del atún: Bermeo. En esta ciudad vasca, también está Albacora, que cuenta en estos caladeros con 20 buques pesqueros, algunos de ellos construidos con la financiación de la propia UE.
Abusos laborales
Atún Calvo tiene faenando en aguas del Atlántico y del Índico a ocho buques. Pero ninguna factoría en suelo africano, tras abandonar en 2009 una planta en los terrenos ocupados del Sáhara Occidental. La compañía ha sido denunciada en varias ocasiones por sus prácticas laborales, especialmente las implantadas en su sede de El Salvador. Por su parte, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte reveló que cambiaba las banderas de conveniencia de sus barcos piratas, que cambian de bandera según les interesa para poder explotar a sus marineros.
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