Publicado en el Faro de Motril 08-01-10
Rafael Martínez Martínez
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----- De nuevo, otra Ley de Extranjería, la más inestable y cambiada de los últimos diez años, al vaivén de los distintos gobiernos y de las situaciones económicas y sociales de cada momento. Además, esta nueva ley, que ha sido tramitada de urgencia, prácticamente está pasando desapercibida, tanto en su tramitación como en su aprobación.
Hay que decir que recoge algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional, reconociendo derechos como el de manifestación, reunión, sindicación, huelga y asociación de todas las personas extranjeras, independientemente de su situación legal. Pero claro, ¡es que antes les habían negado estos derechos fundamentales!
Sin embargo, se retrocede en muchos aspectos. Como en la educación, ya que una persona en situación irregular no puede acceder a la educación infantil, o al bachillerato, algo que va en contra de una sentencia expresa del Tribunal Constitucional. También se retrocede en cuestión de vivienda, ya que no se puede acceder a sistemas públicos de ayudas si no se llevan cinco años de residencia legal en España, por lo que se deja de luchar en la erradicación de la infravivienda con un sector importante de la población. Las prestaciones sociales básicas no se reconocen para las personas en situación administrativa irregular, lo que dificulta claramente su integración. También se ponen condiciones más gravosas para solicitar justicia gratuita, o para la reagrupación familiar; se aumentan las sanciones por ejemplo si un inmigrante tiene empadronado a otro en su domicilio y no vive con él.
Otra cuestión preocupante es que en los Centros de Internamiento se amplía el plazo máximo de encierro de 40 a 60 días, es decir se consienten y empeoran las condiciones de estos “limbos jurídicos”, peores que cárceles, en donde se detiene a una persona que no ha cometido ningún delito, sino una irregularidad administrativa. También retrocede en la protección de las víctimas de malos tratos, ya que si una inmigrante irregular denuncia, directamente se le incoa un expediente de expulsión, que se ejecutará si no se consigue probar la denuncia.
Lo cierto es que detrás de esta nueva ley, lo que hay es una mirada miope y oportunista, que intenta regular la inmigración en función del momento actual de crisis laboral. Hay una mirada egoísta y mercantilista, que antes buscaba trabajadores y ahora dice que sobran personas; antes quería mano de obra no cualificada y ahora busca especialistas. Hay un recorte evidente de derechos, los más básicos y en las personas más vulnerables, con lo que se convierten los derechos en privilegios de unos cuantos y se dificulta la integración. Hay una visión que perjudica la imagen de los inmigrantes, potenciando la identificación entre inmigración y delincuencia. Diciendo que nos sobran unos cuantos y que no vengan más, se dificulta cada vez más que el inmigrante pueda ser uno de los nuestros. En definitiva, se utiliza al inmigrante como chivo expiatorio en tiempo de crisis.
Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? La Ley prácticamente está aprobada, no obstante, a la hora de redactar el nuevo Reglamento habrá que seguir presionando, denunciando y proponiendo algunas mejoras.
Pero también podemos seguir informándonos e informando a otros, para superar este “apagón informativo”. Podemos organizar o participar en movilizaciones que se están llevando a cabo en toda la geografía española por parte de diversas organizaciones sociales. Y no podemos callar ante comentarios negativos o estereotipos sobre los inmigrantes, ya que muchas veces son usados para crear “opinión pública” y se justifican así leyes tan restrictivas.
Y principalmente podemos estar cerca de las víctimas, inmigrantes en situación irregular, porque tienen motivos para tener miedo y permanecer en la “invisibilidad social” y necesitan tenernos cerca. Participar y promover iniciativas de integración social, laboral, vecinal… Manifestar con gestos y hechos que sí podemos ser iguales, que los derechos no “nos los dan” sino que los tenemos.
No podemos perder esta oportunidad para manifestar la inalienable dignidad de la persona, reivindicar la necesidad de un trabajo digno, apoyar el derecho a vivir en familia, denunciar el recorte de derechos, estar cerca de quienes peor lo pasan, reclamar unas leyes integradoras, contribuir entre todos a construir un mundo como Dios manda.
Rafael Martínez Martínez
Grupo HOAC de Motril
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